Según el punto de vista de esos países, “las producciones cinematográficas son productos culturales y no simples mercancías en la medida que definen la identidad nacional, por lo que es necesario y urgente conferirles un trato especial”. 

La iniciativa fue duramente contestada por los representantes de los Estados Unidos que consideraban que la misma contravenía el principio de libre comercio que sustenta las bases ideológicas del GATT/OMC. La entonces representante del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Dra. Carla Hills, disparó: "make films as good as your cheese and you will sell them!" (Haz filmes tan buenos como tus quesos y los venderas), mientras que el jefe del lobby del cine estadounidense, Jack Valenti, tiró esta ráfaga: "this has nothing to do with culture unless European soap operas and game shows are the equivalent of Moliere. This all about the hard business of money". (Esto no tiene nada que ver con la cultura a menos que las novelas europeas y espectáculos de juegos sean equivalentes a Moliere. Todo esto es sobre el duro negocio del dinero). 

Como se desprende de lo expresado en las declaraciones de los miembros del equipo negociador de USA, la defensa del libre comercio era un tema de vital importancia para ellos. Por el contrario, defensores de la industria cultural avanzaron tres estrategias : 1) la de la exclusión absoluta del sector audiovisual del ámbito de aplicación del acuerdo, 2) la especificidad cultural y 3) la excepción cultural. 

El caso dominicano 

Es igualito al de los países de América Latina y tomaron una actitud frente al mecanismo establecido en el AGCS: con respecto a este acuerdo, la industria audiovisual no goza de un status jurídico especial, sino más bien cuenta con un mecanismo por medio del cual dichas industrias son exceptuadas de la aplicación de la claúsula de la nación más favorecida. Por tanto... 

Ocho países latinoamericanos establecieron una excepción debido a la existencia de dos Convenios aplicables al sector cinematográfico: el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana firmado el 11 de noviembre de 1989 por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Perú, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela; y el Acuerdo Latinoamericano de Cooperación Cinematográfica de 1989 suscrito por Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

Además de la excepción al trato de la nación más favorecida, algunos países miembros de la OMC decidieron no adoptar compromisos específicos en materia de trato nacional y de acceso a los mercados para el caso de los audiovisuales. Fueron sólo 13 países los que adoptaron compromisos específicos en esta materia. Entre dichos países sólo 5 pertenecen a América Latina (República Dominicana, El Salvador, Mexico, Nicaragua y Panamá). A pesar de ser muy pocos los países que adoptaron compromisos específicos en el marco del AGCS, cerca de un 69% de los países latinoamericanos (entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela) adoptaron dichos compromisos en el área de las comunicaciones mientras que un 54% (entre ellos Perú y Venezuela) lo hizo en el área de servicios recreativos, deportivos y culturales. 

La industria audiovisual en RD (principalmente en televisión) se ha constituído como una industria privada con una débil o casi inexistente participación del Estado –si es que aún existe CERTV– . Esta situación tiene como consecuencia que las empresas privadas se fortalecieran y expandieran debido a la abundancia del espectro electromagnético. 

La inexistente producción cinematográfica nacional se debe al reducido tamaño del mercado, el PIB nacional, las desigualdades en el desarrollo social, y el ausente marco jurídico que regula al sector.

Para una hipotética industria audiovisual dominicana se podría indicar alguna que otra regla que debe regirla, asimismo indicar los mecanismos que, conformándose con los principios y reglas que rigen el comercio mundial del audiovisual, sobre todo ahora con el CAFTA/RD (por sus siglas en inglés), favorezcan su nacimiento, crecimiento y desarrollo.  

¿Cuál sería la fórmula para lograr una significativa producción audiovisual y la protección de nuestra diversidad cultural dentro de un contexto globalizador?  

Países como Canadá son defensores del tema cultural y se inclinan por el establecimiento de fórmulas de excepción o por una exclusión manifiesta del sector durante las negociaciones comerciales en materia de servicios.  

A nivel regional, las iniciativas interesantes del MERCOSUR CULTURAL pueden ser imitables. Las diferencias propias de los mercados de los países miembros pueden constituirse en mecanismos interesantes para complementar la producción del sector con base en las potencialidades de cada uno de sus miembros. 

En el CAFTA/RD no se encuentra una mención específica del tema de las industrias culturales dentro de las negociaciones realizadas hasta la fecha. Por el contrario, el tema de la dimensión cultural dentro del proceso de integración económica se ha limitado a una simple referencia e incluyendo algunos conceptos en la propiedad intelectual. 

Debido a la experiencia de México (leer el artículo anterior) debemos cuestionar si el modelo de globalización del mercado audiovisual al estilo USA nos conviene o miramos hacia el prometedor MERCOSUR CULTURAL. 

En todo caso, dicha industria cinematográfica nacional deberá sumarse al esfuerzo (con voluntad política) latinoamericano. De esta manera, la participación activa deberá ser considerada indispensable dentro de la estrategia que se adopte en las negociaciones comerciales, de manera tal que se evite que la diversidad cultural, afectada por la expansión de los monopolios dentro de los mercados regionales, se vea erosionada.  

Alguien decía que “la cultura puede existir sin el Estado, pero no puede desarrollarse sin una política cultural del Estado”. Como país, carecemos de políticas públicas de inversión en investigación y desarrollo para la innovación en biotecnología y en cultura, exactamente en los sectores que USA más defiende con “dientes y uñas”, pero allá y con las majors del audivisual y las transnacionales farmacéuticas. 

Debemos importantizar el tema, pues tanto el Estado, la empresa privada y las entidades civiles -usted y yo- deben apoyar la democracia participativa como instrumento decisivo frente a las acciones monopólicas que privan a los pueblos de diversidad cultural, diversidad que enriquece y facilita la construcción de ciudadanías.

Fuente: Clave Digital

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